"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Opinión
En la buena dirección
¿Un Gobierno más social?
Por José Manuel González Huesa, director de “cermi.es semanal” y director general de Servimedia
04/11/2016
Pasa el tiempo y la distancia permite hacer balances. Y cada momento tiene su peculiaridad. No es lo mismo España en el año 2006 que ahora. Ni en la política, ni en la economía, ni en la sociedad. El 13 de diciembre de 2016 se cumplen 10 años de la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Durante esta década se han producido infinidad de reformas en el sistema legal y tributario español que afectan directamente a la vida de las personas con discapacidad y sus familias. El problema es que la vida diaria genera entornos complejos y dinámicos, a los que tienen que enfrentarse las personas mientras los legisladores siguen pensando en los reglamentos.
Las ideas, las propuestas y los retos a abordar, desde distintas ópticas, son tan amplios que es difícil avanzar en el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, el eterno derecho incumplido, en sucesivos periodos electorales, al voto de las personas con discapacidad.
Los grandes retos están en hacer real la aspiración de la Convención de Naciones Unidas, que pretende fomentar la integración real de las personas con discapacidad en la sociedad.
Y que no deja de ser el reto de toda la vida.
El problema es cuando se empieza a aterrizar en temas concretos, como el empleo, la educación y la accesibilidad. En estos grandes retos nuestra legislación es avanzada, hay buenos marcos legales, pero hacen falta políticas reales y más inversión de recursos. Es fundamental la relación de alianzas entre el sector público, privado, el Tercer Sector, los Gobiernos autonómicos y el Estado.
Todavía hay derechos fundamentales que no están normalizados. El derecho al voto de cerca de 100.000 personas con discapacidad debe ser una prioridad para todas las fuerzas políticas. Ya no es una cuestión de voluntad.
Hay una mirada paternalista y protectora de la discapacidad, más que de fortalecer las capacidades de las personas para vivir su proyecto de vida personal. Ya no vale sólo con el entusiasmo, la financiación es fundamental, también la autonomía personal y todas las cuestiones que interesan al sector de la discapacidad.
El movimiento social de las personas con discapacidad ha crecido mucho y su capacidad de incidir en la vida política, en las legislaciones, en la creación de comisiones, es una demanda permanente del sector. La sociedad espera mucho de los políticos y ellos tienen que ser conscientes del valor de las cuestiones que tienen entre manos. Falta una voluntad de todos los grupos por intentar reflejar la pluralidad.
Una vocación de trabajar de manera orientada hacia el consenso. Hacer esfuerzos por acercar posiciones, con estabilidad que permita que los cambios se terminen produciendo. Tener un plan de trabajo para afrontar los retos en donde participen las diferentes voces protagonistas.
Se necesitan acuerdos para evitar continuos trasiegos. Es posible encontrar una fórmula equilibrada. Esta es una de las cuestiones a trabajar. El ciudadano tiene que estar más amparado.
El mundo gira a demasiada velocidad y no nos podemos ver superados por las circunstancias. No hacerlo sería una irresponsabilidad.
Hay que dinamizar trabajos con el objetivo de escuchar, por fin, a la sociedad con miradas innovadoras. Las leyes son instrumentos que ayudan a cumplir las necesidades de todos. El resultado del desarrollo de la Convención se ha quedado muy lejos de las perspectivas creadas. Queda mucha pedagogía por hacer. Y muchos objetivos por cumplir para el nuevo Gobierno. ¿Será más social?
